Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, ha sido llevada a juicio tras una investigación de más de dos años. La acusación principal es de tráfico de influencias, relacionada con sus actividades profesionales y académicas y sus vínculos con algunos empresarios.
Junto a Gómez, también será juzgada Cristina Álvarez, su asistente en el Palacio de la Moncloa, implicada en el caso por presunta malversación.
La decisión fue tomada por el juez instructor Juan Carlos Peinado, quien rechazó las peticiones de la defensa de la esposa del primer ministro. Según medios españoles como El País, los abogados cuestionaron la validez de la acusación popular presentada por la asociación HazteOir y solicitaron archivar el caso, alegando serios defectos en la acusación.
En el sistema judicial español, la acusación popular permite que personas no directamente afectadas participen en un proceso penal. HazteOir ha solicitado penas de hasta 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Estas son las peticiones de la acusación, no condenas.
La investigación comenzó en 2024 tras una denuncia de la organización Manos Limpias, que alegaba que Gómez habría usado su posición como esposa del jefe de gobierno para favorecer intereses privados. La defensa ha rechazado estas acusaciones.
Inicialmente, los investigadores consideraron cuatro posibles delitos. Según el informe, en julio pasado la Audiencia Provincial excluyó la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, dejando abiertas las líneas de tráfico de influencias y malversación.
Una parte importante de la investigación se centra en el trabajo de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra especial. Según el juez Peinado, su posición habría influido en la obtención del cargo. La defensa ha cuestionado esta interpretación.
Otro aspecto se refiere a sus relaciones profesionales con el empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez firmó cartas de apoyo para empresas vinculadas a él, que posteriormente obtuvieron contratos públicos. Para el juez, estas relaciones son un elemento a considerar en la acusación de tráfico de influencias.
El proceso judicial ha tenido un fuerte impacto en el debate político español en los últimos dos años, también por el rol institucional del esposo de Gómez. El inicio del juicio abre ahora una nueva fase del caso: será el tribunal quien determine si las acusaciones tienen fundamento.
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