Marruecos evalúa la suspensión del acuerdo de extradición con España. Así lo anunció el ministro de Justicia marroquí Abdellatif Ouahbi, quien señala las dificultades encontradas por Rabat para obtener la entrega de personas buscadas o condenadas y arrestadas en territorio español.
Según lo declarado por el ministro a la agencia española Efe, el problema afectaría en particular a algunos procedimientos iniciados a petición de las autoridades marroquíes y que nunca llegaron a la fase final. Ouahbi sostiene que, tras el arresto e identificación del buscado en España, se establece una fecha para la entrega. Sin embargo, cuando los agentes marroquíes llegan para tomarlo bajo custodia, el proceso en algunos casos se interrumpe sin que se ejecute la extradición.
Una situación que habría llevado al ministerio de Justicia a cuestionarse sobre la utilidad misma del acuerdo. La cooperación en la materia está regulada por el convenio bilateral firmado en Rabat el 24 de junio de 2009 y que entró en vigor en septiembre de 2012. El acuerdo regula, bajo ciertas condiciones, la entrega de personas buscadas o condenadas que se encuentren en el territorio del otro país, mientras que excluye la extradición de sus respectivos ciudadanos.
Entre los elementos más delicados está la diferencia entre los dos sistemas sobre la pena capital. En Marruecos la pena de muerte aún está prevista en el código penal y puede ser pronunciada por los tribunales, aunque las ejecuciones están detenidas desde 1993. En España, en cambio, está abolida. El riesgo de que una persona extraditada pueda ser sometida a la pena capital puede, por tanto, representar un obstáculo para la entrega.
La tensión judicial se inserta en una fase sensible en las relaciones entre Madrid y Rabat, marcada también por la gestión de los flujos migratorios hacia Ceuta y Melilla. Sobre la mesa está además la situación de los menores marroquíes presentes en Ceuta, para los cuales Rabat ha solicitado el retorno. Ouahbi ha definido la cuestión como «extremadamente compleja y fuertemente politizada», sosteniendo que algunos expedientes relacionados con Marruecos terminan siendo condicionados también por consideraciones políticas y electorales.
Sobre la posible suspensión del acuerdo de extradición también ha intervenido la Comisión Europea. Bruselas ha informado de que está al tanto de las declaraciones del ministro marroquí, precisando sin embargo que el acuerdo entre Madrid y Rabat constituye «una cuestión bilateral».
La UE concentra en cambio la atención en el control de las fronteras y en los retornos. En relación al riesgo de nuevas entradas irregulares en Ceuta, una portavoz de la Comisión ha subrayado que el objetivo es garantizar la gestión de las fronteras durante todo el año, sin vincularla a fechas concretas o a eventuales picos migratorios. Bruselas ha recordado además la estrecha colaboración entre España y Marruecos para contrarrestar los cruces irregulares y gestionar los retornos.
(Associated Medias) - All rights reserved