Link to Pese a detenciones de alto perfil y un giro hacia medidas más severas, el país arrastra cifras alarmantes de asesinatos y desapariciones.Pese a detenciones de alto perfil y un giro hacia medidas más severas, el país arrastra cifras alarmantes de asesinatos y desapariciones.
Como un péndulo que oscila con cada cambio de gobierno, la estrategia de México frente al narcotráfico ha variado de forma sustancial en los últimos años. Desde 2006, el país atraviesa una crisis de seguridad que distintos presidentes han intentado contener con enfoques dispares: mientras administraciones de centroderecha apostaron por el combate frontal, los gobiernos de izquierda priorizaron el abordaje de las causas estructurales y operativos focalizados. Sin embargo, más allá del discurso y del color político, la violencia continúa marcando la vida cotidiana de amplias regiones donde el Estado se ha visto rebasado.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío. En 2025, el promedio nacional de homicidios dolosos superaba los 54,7 casos diarios. A ello se suma un registro que estremece: más de 128.000 personas permanecen desaparecidas. Aunque la narrativa oficial ha insistido en que muchos enfrentamientos se producen entre grupos criminales, el impacto sobre la población civil ha sido profundo y constante.
Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, iniciado en 2018, se promovió una estrategia centrada en la prevención y en el combate a las raíces sociales del fenómeno. El lema “Abrazos, no balazos” simbolizó su intención de dar por terminada la guerra declarada contra el narco en 2006. En la práctica, no obstante, su administración combinó programas sociales con una reconfiguración de las fuerzas de seguridad: disolvió la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, un cuerpo de carácter militarizado que asumió un papel protagónico en el territorio.
En ese sexenio se registraron detenciones relevantes —entre ellas las de Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán— y se reportaron más de 12.000 arrestos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, el periodo 2019-2025 acumuló 183.454 víctimas de homicidio doloso, y organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación consolidaron su expansión en distintas zonas del país.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en 2024, respaldada por una amplia mayoría legislativa, surgieron expectativas sobre un posible ajuste de rumbo. Junto a su colaborador en seguridad, Omar García Harfuch, la mandataria planteó inicialmente una línea de continuidad: atención a las causas, combate a la impunidad dentro del marco legal y búsqueda de la paz antes que la confrontación abierta.
No obstante, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca introdujo un nuevo elemento de presión en la relación bilateral. Bajo ese contexto, el Gobierno mexicano endureció su postura: aumentaron las extradiciones, se reforzó la presencia de la Guardia Nacional y se intensificaron las operaciones contra líderes criminales. El abatimiento de figuras clave del narcotráfico evidenció un viraje hacia acciones más contundentes.
A pesar de estos movimientos, la violencia sigue siendo una herida abierta. La lucha contra el narco se ha afilado, pero el promedio de 55 homicidios diarios recuerda que el desafío dista mucho de resolverse y que la seguridad continúa siendo la principal asignatura pendiente del Estado mexicano.
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