Paraguay está viviendo una de las crisis políticas y financieras más severas de los últimos años, con el presidente Santiago Peña en el centro de un escándalo bancario que podría precipitar el fin anticipado de su mandato. El colapso del Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales del país, ha resultado en el congelamiento de las cuentas de aproximadamente tres millones de clientes, desatando protestas populares y un fuerte conflicto institucional. El jueves 5 de noviembre, Peña anunció su renuncia a través de un video en redes sociales, pero el Congreso decidió rechazarla, optando por seguir adelante con el proceso de impeachment. La Cámara de Diputados votó unánimemente a favor del procedimiento, mientras que el Senado debe evaluar las acusaciones y decidir si destituir al jefe de Estado.
El problema comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino de manera extraordinaria en el Ueno Bank, una entidad fundada en 2021 que rápidamente se convirtió en un referente para millones de ciudadanos. Las auditorías realizadas por las autoridades de supervisión revelaron una situación patrimonial extremadamente comprometida, con un coeficiente de solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal. Ante el riesgo de un colapso financiero, el Banco Central inició un proceso de resolución, suspendiendo temporalmente las operaciones de las cuentas e impidiendo a los clientes realizar retiros, transferencias y otras transacciones. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en una gran parte de la población, ya que el banco afirmaba tener alrededor de tres millones de clientes, lo que representa el 60% de los adultos paraguayos.
Las investigaciones sobre el colapso han revelado una compleja red de relaciones entre el sector financiero y el político. Ueno Bank pertenece al Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial en el que Santiago Peña habría tenido participación accionaria hasta marzo de 2025. Las investigaciones se centran en préstamos de gran magnitud otorgados a empresas vinculadas a los accionistas del grupo, operaciones sobre las que los investigadores sospechan irregularidades y una gestión poco transparente de los recursos. Las autoridades han ordenado el arresto de ocho personas, incluyendo al presidente y al director ejecutivo del banco. Peña también está involucrado en la investigación penal, aunque aún no ha sido citado para declarar ante los fiscales. Las responsabilidades individuales aún deben determinarse y las hipótesis investigativas no constituyen prueba de culpabilidad.
La situación se complica aún más con la posición de Carlos Carvallo, gobernador del Banco Central de Paraguay y ex presidente del mismo Ueno Bank. Carvallo dirigió la entidad entre 2021 y 2023, antes de ser nombrado al frente de la autoridad monetaria por Peña. Con el agravamiento del escándalo, el presidente intentó distanciarse del asunto pidiendo la renuncia del gobernador, quien aceptó dejar el cargo pero anunció su intención de permanecer temporalmente para completar el proceso de resolución bancaria. La operación prevé la transferencia de los activos considerados viables a otras instituciones y la liquidación de los componentes restantes, en un intento por contener las pérdidas y proteger el sistema financiero nacional.
Mientras tanto, la ira de los ahorristas se ha volcado en las calles de Asunción y frente a las sucursales del banco, que permanecieron cerradas tras la intervención de las autoridades. Numerosos ciudadanos han exigido explicaciones sobre el destino de su dinero, mientras que otras manifestaciones se han llevado a cabo cerca del Parlamento, donde el debate sobre el impeachment ha intensificado aún más la tensión. La crisis ha alcanzado proporciones particularmente preocupantes también por la exposición de las entidades públicas. Según los datos difundidos por Ueno Bank en meses anteriores, la entidad gestionaba más de 700 millones de euros en recursos públicos, incluidas sumas destinadas al sistema de pensiones y salud. Entre estas se encontraban unos 338 millones de euros invertidos por el fondo de pensiones estatal, una circunstancia que ha generado preguntas sobre la seguridad de las inversiones públicas y el control ejercido por las autoridades competentes.
Para tranquilizar a la población, el Banco Central ha anunciado que en los próximos días se iniciarán los reembolsos de los depósitos garantizados, hasta un máximo de 228,3 millones de guaraníes por cliente, equivalentes a unos 34 mil euros. Según las estimaciones preliminares, esta cobertura debería permitir que el 97% de los cuentahabientes recupere íntegramente sus ahorros. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta para quienes poseen sumas superiores al límite previsto, ya que actualmente no existen garantías de restitución completa. El fondo de pensiones nacional también ha asegurado que las pensiones seguirán pagándose regularmente, anunciando la transferencia a otra entidad de las cuentas utilizadas por unos 32 mil pensionados. El mismo organismo ha comunicado su intención de emprender acciones legales para recuperar los recursos invertidos en el banco.
En el ámbito político, el escándalo ha golpeado duramente la imagen de Santiago Peña, miembro conservador del Partido Colorado y ex economista del Fondo Monetario Internacional. El presidente, considerado un aliado de la administración estadounidense de Donald Trump, había construido su credibilidad también en su competencia en materia económica y en la promesa de garantizar estabilidad financiera a Paraguay. Sin embargo, el colapso de una entidad bancaria con la que había tenido relaciones societarias ha provocado una fractura dentro de la mayoría, poniendo en duda el apoyo del que gozaba hasta hace pocos días. El Partido Colorado, protagonista casi ininterrumpido de la vida política nacional desde 1947, se enfrenta así a una crisis que involucra directamente la cúpula del Estado.
La decisión del Congreso de rechazar la renuncia de Peña ha añadido un elemento de complejidad al asunto. En el sistema paraguayo, los ex presidentes pueden obtener el estatus de senadores vitalicios, acompañado de prerrogativas institucionales particulares. La posibilidad de que una salida voluntaria del cargo pudiera permitir al presidente beneficiarse de tales protecciones ha alimentado el debate político, llevando al Parlamento a privilegiar la vía del impeachment. Peña permanece así formalmente en el cargo y deberá enfrentar el procedimiento ante el Senado, que deberá pronunciarse sobre su eventual destitución.
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