La sucursal italiana de Revolut está bajo administración judicial por un año. La medida fue adoptada por la Sección de medidas de prevención del Tribunal de Milán, a solicitud del fiscal Paolo Storari, tras investigaciones realizadas por el Núcleo de policía económico-financiera de la Guardia de Finanzas.
El foco de la investigación son los procedimientos utilizados por el banco digital para identificar a los clientes, monitorear los movimientos financieros y detectar posibles operaciones sospechosas. Según los investigadores, las fallas en los sistemas de prevención habrían facilitado el traslado y ocultamiento de capitales por un valor total de aproximadamente 76,5 millones de euros.
La medida afecta exclusivamente a la sucursal italiana del banco lituano, autorizado por el Banco Central Europeo, y forma parte de los instrumentos previstos por el Código antimafia.
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Las investigaciones de la fiscalía de Milán habrían identificado numerosas relaciones financieras vinculadas a personas investigadas o ya condenadas por lavado de dinero, transferencia fraudulenta de valores y otros delitos especialmente graves.
Entre los casos examinados también se encontrarían situaciones relacionadas con contextos de criminalidad organizada, incluidas aquellas agravadas por el método mafioso o destinadas a facilitar asociaciones mafiosas.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, los procedimientos de control adoptados por la institución no habrían sido suficientes para impedir el acceso a los servicios bancarios por parte de personas sujetas a medidas de prevención personales o patrimoniales.
El problema, según los investigadores, no se debería a episodios aislados, sino a deficiencias repetidas en el funcionamiento de los mecanismos de verificación y supervisión de las transacciones.
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La investigación se desarrolló a través de dos líneas de investigación distintas.
La primera se refiere a una inspección contra el lavado de dinero realizada sobre un operador de servicios relacionados con actividades virtuales del grupo bancario. Las verificaciones habrían llevado a la identificación de más de un millón de violaciones relacionadas con las obligaciones de verificación adecuada de los clientes y la correcta conservación de la información.
También se habrían detectado numerosas omisiones en las notificaciones de operaciones sospechosas, una de las herramientas fundamentales a través de las cuales los intermediarios financieros contribuyen a combatir el lavado de dinero.
La segunda línea surge de un procedimiento por fraude fiscal iniciado en Milán. En ese contexto, los investigadores habrían reconstruido el uso de cuentas abiertas en Revolut para realizar operaciones relacionadas con presuntos delitos tributarios.
El cruce de la información recopilada habría puesto de manifiesto vulnerabilidades en los sistemas de control utilizados por el banco.
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Otro elemento que surgió de las investigaciones se refiere a la gestión de sumas afectadas por medidas cautelares.
Según la Fiscalía, las deficiencias en los controles habrían permitido movilizar más de 4,6 millones de euros que deberían haber sido identificados rápidamente por estar vinculados a medidas patrimoniales.
El caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los sistemas automatizados utilizados por los operadores bancarios digitales, especialmente cuando deben gestionar un número muy elevado de clientes y transacciones.
Para los investigadores, el uso de tecnologías avanzadas no reduce las responsabilidades de los intermediarios. Al contrario, requiere herramientas capaces de reconocer comportamientos anómalos, recopilar información confiable y activar verificaciones exhaustivas cuando surgen indicadores de riesgo.
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El Tribunal ha dispuesto la aplicación del artículo 34 del Código antimafia, que permite intervenir en actividades económicas cuando surgen elementos que facilitan a sujetos involucrados en determinadas actividades criminales.
La administración judicial tendrá una duración inicial de un año y afectará las áreas operativas donde se han identificado las deficiencias.
Los profesionales designados por la autoridad judicial deberán centrarse en los sectores afectados por las deficiencias, con especial atención a la eficacia de los procedimientos contra el lavado de dinero y la prevención del uso ilícito de los servicios financieros.
La medida no equivale a una condena penal del banco, ni implica automáticamente el bloqueo generalizado de las cuentas de los clientes. Se trata de una medida de prevención destinada a abordar las vulnerabilidades organizativas detectadas por los investigadores.
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